Este Decreto, también firmado por la vicepresidenta Francia Márquez y la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, reconoce la importancia económica, social, cultural, ambiental y política de las mujeres campesinas y rurales de Colombia, además de consolidar el respeto y la garantía de sus derechos.

La norma establece que el Ministerio de Agricultura y la Agencia de Desarrollo Rural brindarán apoyo en la estructuración, promoción y gestión de recursos para las mujeres rurales, ya sea de forma individual, familiar o comunitaria. 

Además, las beneficiarias podrán acceder a líneas de crédito preferencial para financiar sus actividades rurales, de acuerdo con la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.

La norma también define criterios de priorización para seleccionar a las beneficiarias, que incluyen:

1. Empresas comunales, cooperativas agrarias u otras formas asociativas lideradas por mujeres rurales.

2. Mujeres con experiencia en actividades agropecuarias individuales o asociativas, como arrendatarias, aparceras o jornaleras.

3. Mujeres vinculadas a programas de reconversión o sustitución de cultivos ilícitos o administración de tierras de la Agencia Nacional de Tierras.

4. Mujeres jóvenes rurales (16-28 años) o grupos organizados de mujeres jóvenes rurales en actividades agrarias.

5. Mujeres con formación técnica, tecnológica o profesional en ciencias agrarias que generen ingresos de estas actividades.

6. Mujeres rurales y campesinas víctimas del conflicto armado y lideresas sociales.

7. Mujeres rurales y campesinas excombatientes, firmantes de acuerdos de paz o participantes en mecanismos de justicia transicional.

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